Por Julio Cortés Morales
Abogado
“...un príncipe debe inquietarse poco
de las conspiraciones cuando el pueblo le tenga buena voluntad, pero cuando le
sea contrario y le tenga odio, debe temerlo todo y a todos” (Maquiavelo, El Príncipe)
1.- Bonanno en Chile.
Hace algunas
semanas fui contactado por algunas personas de confianza que me contaron que el
famoso anarquista italiano Alfredo Bonanno estaría haciendo un ciclo de charlas
en varios países latinoamericanos, incluyendo Chile. A este país llegaría tras
pasar por Uruguay y Argentina. Sin ser un gran conocedor de la obra de Bonanno,
que incluye numerosa literatura política de la cual podría mencionar en libro
de los 70 sobre la “Autogestión”, y otro muy breve y contundente sobre Malatesta
y la violencia revolucionaria, me pareció que la visita resultaría de lo más
interesante.
En todo caso,
en mi calidad de abogado les dije que me parecía bastante poco probable que le
fuera permitido el ingreso a esta larga y angosta faja de tierra, y que la
Policía de Investigaciones podría fácilmente aplicar a su respecto la añeja e
indefendible Ley de Extranjería que aún rige en Chile y que el gobierno se ha
comprometido a modificar (dado que es unánime la opinión de que no se ajusta a
los estándares actuales de derecho internacional de los derechos humanos).
El artículo
15 del decreto ley 1.094, dictado en 1975, es decir en plena dictadura, en un
estilo muy similar a legislaciones fascistoides de otros tiempos y lugares y
que casi hace nos recordar de inmediato a los más viejos el hace tiempo
derogado artículo 8 transitorio de la Constitución (1) , literalmente
dice que se podrá negar el ingreso al territorio nacional de:
“1.- Los que
se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro
medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden
social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan
reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los
que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la
seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden
público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o
constituyan un peligro para el Estado”.
Con ese
pronóstico, y sabiendo por mi experiencia personal y profesional que una de las
zonas donde por definición las decisiones político-administrativas no respetan
la legalidad más básica -y para qué hablar de lo que denominamos “estándares de
derechos humanos”- son los aeropuertos y otros puntos de ingreso y salida de un
país, ofrecí mi modesto apoyo jurídico para la eventualidad de que se
presentara cualquier problema al momento del ingreso.
La verdad es
que cuesta creer que la sola presencia de un conferencista ácrata pueda
poner en peligro el orden social de un país, pero en estas zonas rige
directamente una especie de estado de excepción no sólo jurídico sino que
lógico, sobre el cual ya se ha teorizado bastante (Agamben, etc. etc.). Por
algo será, dirán algunos, y de repente me acuerdo de una frase de Deleuze que
cita Germán Marín al concluir su novela “Carne de Perro”:vivimos bajo un
sistema que “no puede soportar nada”.
2.- “Waiting in vain”.
El día jueves
12 a la medianoche fui al aeropuerto en compañía de tres personas (incluyendo
al traductor), y esperamos durante casi dos horas que el visitante apareciera.
Esperando ahí recordaba las primeras veces que aterricé en ese lugar, por ahí
por 1983/4, y el cartel gigante instalado por la dictadura, que rezaba: “Vamos
bien. Mañana mejor”. Ahora se divisan carteles gigantes con el rostro de Don
Francisco promocionando no se qué servicios telefónicos. Lo único que me alegra
es que nadie le dice “Arturo Merino Benítez” sino que en el habla colectiva
sigue siendo el viejo aeropuerto de Pudahuel.
Como era de
imaginar, esperamos en vano al viejito, porque las cintas de maletas fueron
quedando vacías y después de una fila de cientos de pasajeros Bonanno nunca
apareció.
A eso de las
dos de la madrugada, tras quedarnos claro que se había embarcado en Buenos
Aires pero que no había llegado, me dirigí a las dependencias de la PDI en el
aeropuerto, donde tras cierta sorpresa por mis inquietudes sobre la suerte de
este visitante se me llevó en breves minutos a las oficinas del Subprefecto
Nestor Escobar, quien amablemente y tras comprobar mi identidad y profesión
solicitando mi cédula y entregándola a un dependiente para los registros
pertinentes, me informó que Alfredo Bonanno estaba ya sentado en un vuelo de
regreso a Buenos Aires, puesto que se le había negado el ingreso en razón de
sus “antecedentes negativos”.
Le pregunté
si en concreto habían aplicado alguna disposición de la Ley de Extranjería, y
me dijo que sí, añadiendo: “si mal no recuerdo, el artículo 26 Nº 7 y 9”.
Habló además de que Bonanno tenía lo que para ellos eran unos “encargos
pendientes”. Con inquietud le pregunté si se refería a órdenes de detención, o
causas vigentes, pero me aclaró que no era nada actual, sino que sencillamente
tenía “antecedentes” por haber cometido delitos en Europa, y que ellos tienen
la atribución de impedir el paso a ese tipo de personas. (Para mis adentros
pensaba: en la misma condición debe estar Toni Negri, pero ha entrado y salido
varias veces de Chile sin ningún problema, y se la ha tratado como un
respetable intelectual y académico. Si es por eso, ¿sabrán que Bonanno es
Doctor en Filosofía?)
Ante los
hechos consumados, no se podía hacer nada más. De todas formas, antes de
despedirme le comenté al policía que Bonanno no había tenido problemas para
entrar y dar charlas en Uruguay y Argentina, ante lo que respondió que ellos
aplican la ley chilena.
Al devolverme
mi cédula de identidad, mencionaron que tenían que hacer un informe al
Ministerio del Interior.
3.- En conclusión...
En medio de
elecciones y otras noticias, estos hechos no causaron tanto revuelo. Según
entiendo, tan sólo la diputada Ximena Vidal, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestó algunas críticas al
accionar policial, y la necesidad de tener más información sobre este caso en
particular.
Por su parte,
El Mercurio en su edición impresa del 14 de diciembre (C 22 (2)) revela
que en verdad la decisión fue del Ministerio del Interior, y que la orden ya
había sido dada durante el mes de noviembre (¡A esos “encargos” se debe haber
referido el subprefecto Escobar!). Obviamente que la razón real debe haber sido
esa, puesto que si analizamos las disposiciones citadas por el Escobar, el
artículo 26 (que no se descompone en numerales) se refiere a la situación del
ingreso de artistas y deportistas. Lo que está claro a estas alturas es que la
orden no la tomó la PDI en Pudahuel esa noche, sino que provino de mucho antes
y desde La Moneda.
La Segunda,
en un estilo mucho menos elegante, menciona incluso mi nombre completo
(tal cual lo debe haber anotado la PDI) y revela mis vínculos laborales,
faltando poco para que den mi teléfono y dirección personal, todo ello “de
acuerdo a fuentes del gobierno” que aparentemente no toleran que un
abogado pueda ejercer su actividad profesional particular a favor de personas
que en este contexto sufren una abierta criminalización ideológica que
inclusive viola su propia legalidad nacional e internacional . (3) (Nota:
Dicen: "según fuentes de gobierno aguardaban por él (en el pasillo de
espera del aeropuerto) un grupo de supuestos simpatizantes. Entre ellos, el
abogado y funcionario del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH)
Julio Esteban Cortés Morales, el mismo que tuvo a su cargo las defensas de
imputados del Caso Bombas y de Hans Niemeyer.". )
Entrando en
el terreno de la pura especulación, creo que si desde la Inteligencia del
Estado se resucitara a Maquiavelo a través de médiums o un tablero ouija, el
sabio consejero italiano recomendaría encarecidamente dejar entrar al anciano
anarquista, sin perderle jamás la pista durante sus actividades en este
territorio. Pero no: acá se optó por una expulsión decretada a priori, y cuyo
fundamento jurídico se desconoce hasta el momento, no así el fundamento
político real: a ciertos sectores del Estado y en particular el Gobierno de
Chile, les da miedo de que un anarquista de casi 80 años venga al país a
ejercer su libertad de expresión. No es ni novedoso ni extraño: recordemos que
durante el primer gobierno tras la “recuperación de la democracia” se hicieron
todas las gestiones necesarias para que grupo de heavy metal Iron Maiden no
pudiera entrar a Chile a dar un concierto. Eran la encarnación del mal para
ciertos sectores muy influyentes, tal como ahora parecen temerle al fantasma de
lo que han dado en llamar “anarco-insurreccionalismo”.
Otros
visitantes que son verdaderos delincuentes (eso sí, de cuello y corbata) y/o
violadores de derechos humanos, pueden entrar y salir sin problemas, y
eventualmente hasta recibir homenajes.
En fin, a
modo de conclusión, creo que podemos convenir desde el punto de vista de algo
así como un Observatorio de las prácticas represivas, que de los 3 países
ubicados en el cono sur de América, Chile es por lejos el más intolerante. Y
aparentemente, también el menos “inteligente”.
*
Notas:
(1) Para no
latear al lector con otra cita legal, me remito a lo que sobre tal disposición
dice la Enciclopedia Icarito: “Jaime Guzmán fue el creador del artículo octavo
transitorio de la Constitución Política de 1980. Este sancionaba con la pérdida
de los derechos ciudadanos a los grupos y personas que propagasen doctrinas que
atentasen contra las bases de la institucionalidad; es decir, los partidos y militantes
de izquierda” (http://www.icarito.cl/biografias/ar...).
(3) http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetai... El
Mercurio, más sutil, solamente menciona que había “un abogado”.
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